¿Cuál
es la realidad de la deuda del estado y los municipios? Un paseo por los
números que marcarán el futuro de los gobiernos que vienen
Por:
Hugo Martoccia
La
contratación de deuda pública que realizarán los municipios de Benito Juárez y
Othón Pompeyo Blanco, así como el gobierno del estado, supondrá un duro reto
para las administraciones entrantes, que enfrentarán niveles de endeudamiento
inéditos ante un contexto de crisis que no encuentra aun salida.
Una
vez que se aprueben los empréstitos, Othon P. Blanco va a triplicar su deuda, y
el estado y Benito Juárez la duplicarán. Los municipios de Quintana Roo y el
gobierno estatal deberán de manera conjunta más de 8200 millones de pesos, pero
cada administración tiene sus propios problemas.
Si
se toman como base los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
al 30 de junio de este año, la deuda del gobierno estatal, al aprobarse el
crédito de 2700 millones que se pidió a la Legislatura la semana pasada, pasará
a ser de 5912 millones de pesos.
La
de Cancún será de 1400 millones en bancos más otros 300 millones en deudores
diversos, y la de Othon P Blanco pasará a ser de 187.5 millones.
Realidades diferentes
Es
Cancún, por lejos, la administración más comprometida con esos números, porque
su deuda es igual al 80 por ciento de su presupuesto anual.
Un
dato del presente puede hacer entender el alcance de la situación. De acuerdo a
los últimos números de la tesorería municipal, entre enero y septiembre de este
año, el municipio recaudó 1479 millones de pesos; una cantidad prácticamente
igual a la de la reestructuración, y mucho menor a la deuda si se suman los 300
millones de pesos con proveedores diversos que quedaron fuera de ese
proceso.
Este
municipio, sin embargo, tiene una gran capacidad de generar ingresos propios,
lo que siempre deja abierta la posibilidad de poder mejorar la situación
financiera, su acaso algún día hay una buena administración.
El
otro caso es el de Othon P Blanco, que tendrá problemas con los 130 millones de
pesos que ya autorizó su Cabildo y que debe pasar por el Congreso.
Este
municipio, según la SHCP, tiene una deuda de 57.4 millones de pesos, por lo
que, de autorizarse lo que ha pedido, tendría una deuda de 187.5 millones, el
triple que la actual.
El
problema del municipio sureño no tiene tanto que ver con el tamaño de su deuda
comparado con el presupuesto, que para 2010 fue de 503 millones de pesos. La
deuda es igual al 35 por ciento de sus ingresos, lo que es el límite de una
deuda manejable, sin contar, por supuesto, otras deudas a proveedores o de otro
tipo, que no están bancarizadas.
Sin
embargo, la capacidad de captar ingresos de Othon P. Blanco es mucho menos
activa que la de Benito Juárez o Solidaridad, por ejemplo, lo cual hace que el
hecho de que su deuda se triplique, en un contexto económico de inmovilidad,
como se vive en el sur de la entidad, complique el panorama del próximo
alcalde.
En
el caso del estado, según la SHCP tiene una deuda de 2562.6 pesos, más 650 millones como obligaciones
financieras garantizadas con fuentes de pago propias. Eso hace un total de 3212.6
millones.
Como
ya se dijo, si se suman los 2700 millones, el total de deuda será de 5912.6
millones de pesos. Ese número es igual más o menos al 35 por ciento del
presupuesto, en una situación parecida a la de Othon Pompeyo Blanco. Pero hay
un dato extra: esta deuda, comparada con el Producto Bruto Interno del estado,
será el porcentaje más alto desde la crisis de 1994.
El
caso aquí tiene también otras consideraciones. El actual gobierno asegura que
sólo gastará el 20 por ciento de ese total, poco más de 500 millones, para
mantener la actividad económica por
medio de la inversión en obra pública, que tiene un impacto directo sobre el
gasto y el empleo.
Las
siete líneas de acción que impulsarán ese crédito serán:
1.- Acelerar
la ejecución de la obra pública programada
2.- Generar
ahorros en gasto corriente para financiar más obra pública
3.-
Incrementar las acciones de fomento al empleo
4.- Apoyar a
proveedores locales en compras y obras del sector público
5.- Ampliar
los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas
6.- Mantener
sin incrementos las tarifas de los servicios públicos que presta el gobierno
estatal
7.- No
incrementar impuestos estatales.
El
resto del dinero, casi 2200 millones de pesos, lo manejaría la administración
de Roberto Borge, para enfrentar los que se supone serán dos o tres años de
crisis por la caída del turismo en actual contexto de inseguridad.
Hay
un dato que debe ser dicho. Aunque nunca lo dirá públicamente, el gobernador
Félix González Canto considera que en los próximos cinco o seis años, de no
mediar “un hecho extraordinario”, la inseguridad y la violencia crecerán, y
habrá un impacto directo al sector turístico.
Para
hacer frente a ese escenario, el gobernador considera que es necesario contar
con recursos frescos.
La
postura que los tres gobiernos tienen con respecto a los créditos es lógica. El
problema, como siempre, será saber si cumplen su palabra.
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