La trama secreta de las irregularidades en el CRIM

Falsifican actas, inventan sesiones, y cambian reglamentos para adjudicar la obra de manera directa. Las graves responsabilidades penales, y el trasfondo político por la lucha interna en el PAN.

Por: Hugo Martoccia

Las graves irregularidades detectadas en la construcción del Centro de Rehabilitación e Integración Municipal (CRIM) denunciadas esta semana por la regidora panista Jéssica Chávez, esconden un duro enfrentamiento político al interior del partido blanquiazul, que tiene como trasfondo la figura de la alcaldesa de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, quien se asumió como protectora de la ex directora del DIF Pilar Rello.

La ex funcionaria del DIF está metida en un grave problema, porque la construcción del CRIM incluye presuntas irregularidades en el manejo de los fondos, pero también la ilegal adjudicación directa de la construcción de esa obra, que costó más de 9 millones de pesos.

Se  habla, también, de que se inventó una sesión extraordinaria de la Junta Directiva del DIF, y se reformó el Reglamento Interno del organismo, para intentar tener quórum legal al entregar la obra.

Eso significa falsificación de documentos y violación a leyes varias, que conllevan responsabilidad penal para Pilar Rello.

Pero el caso está dividido en dos, porque también incluye un claro componente político. Cuando renunció al DIF, a raíz de que se encontró una celda de castigo para menores, Pilar Rello fue “rescatada” políticamente por Alicia Ricalde, que se la llevó a Isla Mujeres.

El tema no tuvo grandes complicaciones hasta que dos hechos no relacionados entre sí hicieron que se acabara la frágil tranquilidad.

Por un lado, ante las denuncias por irregularidades en el CRIM, Pilar Rello dijo que esa obra se había adjudicado con el voto unánime de los miembros de la Junta Directiva del DIF. Pero en esa Junta está Jéssica Chávez, que nunca participó de la supuesta sesión.     

El otro hecho fue el anuncio de que Alicia Ricalde se hará cargo del DIF Cancún en el gobierno de su hermano Julián. Ante ese anuncio, la decisión de la alcaldesa de Isla Mujeres de proteger a Pilar Rello adquiere otra dimensión, porque parece que está armando su tropa para pelear por la dirigencia del partido y las candidaturas federales de 2012.   

Ahora, la decisión final sobre este caso tiene también dos vertientes. La legal, que deberá corresponder a la actual administración, y la política, en donde todos tienen  algo que decir.

El costado legal  

El caso ya tiene una denuncia ante la Contraloría de Benito Juárez que explica todo el torcido procedimiento que llevó a la construcción del CRIM.

Podría resumirse así. La Junta Directiva del DIF tiene 15 miembros, pero 12 de ellos tomaron protesta como tales, algunos incluso sin tener el aval del Reglamento.

Supuestamente, el 6 de julio de 2009 se realizó una sesión extraordinaria de la Junta Directiva del DIF, y los puntos del orden del día incluían la reforma del Reglamento Interno, y la adjudicación de la obra del CRIM.

La reforma del Reglamento era importante, porque se debía incorporar a nuevos miembros a la Junta (como el ex tesorero Carlos Trigos) para alcanzar quórum, y entonces se intentó modificar la constitución de la Junta Directiva. Luego, esa reforma y la adjudicación de la obra se aprobaron irregularmente.

El 11 de agosto pasado, Pilar Rello viajó inexplicablemente a José María Morelos, y ante el Notario Público 32, Jorge Magaña Sánchez, protocolarizó el acta de aquella fallida sesión.

Dice Pilar Rello al Notario: que había presentes 12 miembros de la Junta, entre ellos Jéssica Chávez  (que no estuvo) y que se aprobó por “unanimidad” el orden del día, la reforma del Reglamento, y la adjudicación a la empresa DNJ Instalaciones + Construcciones la obra del CRIM y de dos salones de usos múltiples por 8.7 millones más IVA.

También se adjudicó la supervisión de dichas obras a la empresa  Laboratorio de Ingeniería, por 350 mil pesos.

Ahora viene lo más difícil del caso. Según esa acta, todos esos puntos se aprobaron por unanimidad de votos de los presentes, que eran 12.

Sin embargo, a la hora de las firmas, sólo seis tuvieron tiempo de dejar su rúbrica: el ex alcalde Gregorio Sánchez; el síndico Javier Brito; el tesorero Carlos Trigos; el coordinador de unidad de vinculación de organismos descentralizados Alberto Cuauhtli; el representante del Club Leones, Jorge Galaviz, y la entonces presidenta de las mujeres empresarias, Martha Rodríguez.

Y sólo cuatro de ellos son integrantes de la Junta Directiva, aunque con la supuesta reforma se sumó a Carlos Trigos y Alberto Cuauhtli en ese grupo. Aún así, no había quórum, y la sesión, además de inexistente, era inválida.

El problema al que ahora se enfrenta Pilar Rello es mayúsculo, porque buscó un Notario Público que está fuera de su circunscripción, pero además,  en la escritura pública, ella asume la responsabilidad por la veracidad de sus dichos.

Textualmente, dice la escritura pública 1256: “La compareciente señora María del Pilar Rello Aguilar manifiesta que expresamente adquiere para sí la responsabilidad de la autenticidad del documento que mediante esta escritura se protocolariza”.  

La contraloría debe ahora investigar dos aspectos de este caso. La forma en que se adjudicó la millonaria obra, y la propia realización del edificio, que tiene algunos problemas.

Según el Estado de Solventación del Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública del DIF, folio ASE-FO/DFOP/028/V.2, la construcción del CRIM tiene tres problemas centrales:  

* Inconsistencia en el armado de los expedientes unitarios de obra

*No cuenta con permisos ni autorizaciones de obra

*Y la obra no fue ejecutada por Obras Públicas, según lo mandata la ley

El costado político

En este sentido, el tema es complejo, porque alude de manera directa a la relación del PAN con el alcalde electo Julián Ricalde. La panista Jéssica Chávez llevó su denuncia a la Contraloría porque no hay acuerdo político posible cuando el grupo comandado por Alicia Ricalde está en un ánimo de confrontación, y además se la involucra en un hecho de corrupción.

El dirigente panista Sergio Bolio pretendió que el caso no se saliera de los cauces naturales, y el partido no quedara expuesto a la exposición mediática. Pero tampoco le gustó el modo en que se condujeron las cosas, y cómo se pretendió dejar “pegada” en el caso a la regidora, que es aliada suya.

A la vez, el líder panista considera que cada vez es más difícil llevar una relación civilizada con Alicia Ricalde, que no esconde su interés por quedarse con todo dentro del partido.

Del lado del Ayuntamiento, el contralor Juan Carlos Gálvez ya dio un paso en falso en este tema. Declaró que le generaba dudas la denuncia, porque pudiera tener un componente político por parte de la regidora Jéssica Chávez.

El error del funcionario consiste  es pretender que su trabajo, netamente legal y técnico, tenga que tomar en cuenta las motivaciones profundas de los denunciantes.

El contralor parece haber descubierto una nueva veta a su tarea: ahora se dedica a realizar análisis políticos antes de cumplir con su deber.