Juicio Político contra Alicia Ricalde; la otra cara de la batalla por Cancún

Acusan intereses de la alcaldesa en el programa de desarrollo de Ciudad Mujeres. Abuso de autoridad, denuncian. También tiene demandas penales. El trasfondo político: el gobierno del estado tiene en sus manos el destino de la panista.

Por: Hugo Martoccia

Un grupo de colonos presentó demandas penales y un juicio político contra la alcaldesa de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, por presunto abuso de autoridad.

Los denunciantes dicen que la alcaldesa los borró de la lista de contribuyentes, y desde 2009 les ha impedido pagar el predial de unos terrenos que ellos ocupan desde hace varios años en la zona continental de la ínsula.

Según la denuncia, la decisión de Alicia Ricalde fue en respuesta a un intento de este grupo por generar algunos cambios en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Ciudad Mujeres, en la zona continental, donde se planea un gran proyecto turístico hotelero.

El fondo del asunto es que los colonos, reunidos en la Asociación de Posesionarios, Propietarios y Colonos de la Zona Continental, al pedir cambios al PPDU de Ciudad  Mujeres, habrían tocado intereses de la alcaldesa en ese proyecto, que pretendería entregare esas tierras a desarrollos turísticos específicos.

Por eso, cuando los colonos se quejaron, el contraataque fue fulminante: el Ayuntamiento tomó nombres y claves catastrales de cada uno de ellos, y los borró de su padrón de contribuyentes (en el que figuraban de hace más de cinco años) lo que en los hechos les quita los derechos sobre esas tierras.

Ese es el aspecto jurídico de una cuestión compleja. Pero también hay un costado político que dará mucha tela que cortar.

El hecho de que la alcaldesa de Isla Mujeres deba cargar con un juicio político y con demandas penales de peso en su contra, significa, en realidad, que su futuro está en manos del gobierno del estado. La Procuraduría de Justicia y el Congreso cumplirán el papel que la jefatura política les asigne; en ellos, descansa realmente el futuro político de Alicia Ricalde.

Desde el PAN y el PRD sabían que esto era una cuestión de tiempo, y lo asocian con la feroz estrategia político-electoral que ha iniciado el PRI para recuperar los municipios que perdió el 4 de julio pasado, principalmente Cancún.

Mundo jurídico

El 24 de noviembre de 2010 la Asociación de Posesionarios, Propietarios y Colonos de la Zona Continental, presentó ante el Congreso del estado una demanda de juicio político contra Alicia Ricalde, sus regidores y varios funcionarios, principalmente la directora de Desarrollo Urbano, Mayra Socorro Ayala.

El fundamento básico de ese juicio político sucedió el 18 de enero de 2010, cuando el Cabildo de Isla Mujeres, eliminó y borró de los archivos de contribuyentes del Ayuntamiento a todos los integrantes de la mencionada Asociación, porque el 21 de junio de 2010 habían hecho algunas objeciones en contra del PPDU de Ciudad Mujeres.

Tanto las demandas penales como el texto del juicio político contra la alcaldesa coinciden en varios párrafos que cuentan la historia. Acá van algunas de esas frases, que explican el fondo del caso:

*Según los colonos, en su escrito del 21 de junio de 2009, “se ventiló públicamente lo manipulado del PPDU precipitado, y los grandes intereses económicos y los negocios y las millonarias ganancias detrás del mismo”.

*“Se le solicitaba la corrección de los errores del PPDU propuesto, que sí afectaban y siguen afectando a los posesionarios y legítimos titulares sobre las tierras de los cayos Chacmuchuch y cayo Sucio, los cuales están dentro del polígono en estudio de la Unidad de Gestión Ambiental 08”

*”Los servidores públicos implicados, y ahora presuntos responsables, supuestamente con el ánimo de realizar las correcciones al PPDU y estructurar bien su anteproyecto le solicitaron a la ONG a la que pertenezco la relación de todos y cada uno de los posesionarios integrantes como asociados de la organización antes citada, así como la relación de nombres, predios , ubicación, claves catastrales de todos y cada uno de los miembros para identificarlos, y según ellos hacer las correcciones pertinentes”

*”Una vez que la autoridad municipal tuvo en su poder, y de buena fe se le hizo llegar al información de los asociados y sus posesiones y claves catastrales, lo único que hicieron fue actuar en venganza al identificarnos uno por uno, por nombre, domicilio del predio, tabla catastral y numero o clave de contribuyente para con eso bloquearnos por rebeldes, según sus palabras, por no jalar con ellos”.      

Ese fue, según la demanda, el procedimiento comandado por Alicia Ricalde para quitarles los derechos sobre las tierras a los colonos, y a la larga entregar esas tierras a empresarios afines.

Mundo político

El hecho de tener cercada jurídica y políticamente a Alicia Ricalde le da a al PRI la posibilidad de hacer pie en dos municipios: Cancún e Isla Mujeres.

En este último, es claro que para el alcalde electo Hugo Sánchez Montalvo es un recordatorio de que cuando sus dos años y medio de gobierno terminen, deberá rendir cuentas al tricolor y al estado. Ahí están, para analizar, los destinos políticos o jurídicos de los alcaldes de oposición en este estado. La persecución contra Alicia Ricalde será, por extensión, una advertencia para él.

Pero sin duda la estrategia principal apunta a tener un efecto de dominación sobre el alcalde electo de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, quien deberá ocupar mucha de sus horas políticas en defender y proteger a su hermana.   

En el PAN, sin embargo, tuercen la boca con una mueca de incredulidad ante esta historia. No están tan seguros si este papel ambiguo, que va y viene entre el PRI y la oposición (y ahora justificadamente) no es el que más le gusta jugar a la alcaldesa isleña.