Millonario negocio de 650 MDP; luz de Ruíz Morcillo


Realizan contrato para cambiar 25 mil luminarias, y entregan un servicio público sin licitación. Se trata de una concesión disfrazada e ilegal que costará más de 650 millones de pesos en 15 años, y que comprometerá a las próximas 5 administraciones. 

Por: Hugo Martoccia
                            
A pocos meses de dejar el cargo, y escudándose en la fiebre ambientalista de la Cumbre Climática COP 16, el alcalde de Othon P. Blanco, Andrés Ruiz Morcillo, apoyado en una mayoría automática que tiene en el Cabildo, aprobó un “contrato de largo plazo” con una empresa privada, la cual se encargará de cambiar las luminarias de Chetumal, por un pago de 650 millones de pesos a lo largo de 15 años, más inflación.

El contrato propone que la empresa,  Avances Lumínicos Plus, SA de CV, se haga cargo del servicio de alumbrado público. Para ello, deberá colocar y mantener 25 mil 507 luminarias de tecnología LED en todo el municipio. El objetivo, según el gobierno municipal, es el ahorro de energía, y además lograr un ahorro en la prestación de ese servicio público, que es muy caro.

La sesión de Cabildo donde se aprobó este contrato se realizó el pasado 7 de diciembre, en plena realización de la COP 16. El único voto en contra fue el del convergente David Álvarez Cervera, quien le auguró un negro futuro a este proceso. “Va a pasar como con todas las concesiones, como Aguakán, que por el desinterés de la empresa después es un fracaso”, dijo.


Justamente en esas palabras está todo el trasfondo de este asunto, que tiene que ver con el concepto jurídico de este acuerdo entre el Ayuntamiento y una empresa privada.

El contrato hace agua por donde se lo mire, pero una de las principales quejas que surgieron tiene que ver con  su estructura legal, porque un contrato por 15 años no es otra cosa que una concesión disfrazada.

El alcalde Ruiz Morcillo, ingenioso, propuso una fórmula nueva. Dice el acuerdo que se trata de un “contrato de prestación de servicios de largo plazo, adjudicado directamente, toda vez que se determinó que las características de las luminarias GE son las que mejor satisfacen  las necesidades del municipio”. O sea, no se estudió otra oferta, y mucho menos se pensó en un concurso público.

Por eso la fórmula no complació a todos, ni incluso a algunos que votaron a favor del acuerdo. El tercer regidor, Jesús López Durán,  dijo durante la sesión que “hay que analizar si es un contrato de prestación de servicios o una concesión”, para evitarse problemas a futuro.

En realidad, lo que el Ayuntamiento hizo fue entregar la prestación de un servicio público a un privado sin realizar una concesión en forma, lo cual está fuera del marco legal.

El artículo 172 de la ley de los Municipios del estado, dice que los ayuntamientos prestarán los servicios públicos de la siguiente forma:


I. Directa, a través de sus propias dependencias administrativas u organismos
desconcentrados;

II. A través de los organismos públicos descentralizados creados para tal fin;

III. Mediante el régimen de concesión; y

IV. Mediante convenios de coordinación y asociación que suscriba con el Ejecutivo del Estado o con otros Ayuntamientos.
No aparece, en ese estricto listado, la fórmula de los “contratos de prestación de servicios de largo plazo”, que el alcalde inventó.

Los puntos del acuerdo

*En términos generales, el acuerdo autoriza un “contrato de prestación de servicios para la instalación, mantenimiento y sustitución de las luminarias para el alumbrado público, hasta por un plazo de 15 años, con la persona moral denominada Avances Lumínicos Plus, SA de CV”.

*La empresa pondrá 25 mil 507 luminarias tecnología LED en todo el municipio, y el Ayuntamiento se compromete a entregar “180 pagos mensuales, cada uno de ellos de 3 millones 646 mil 300 pesos, actualizables anualmente por inflación”. El total es abrumador: 656 millones 334 mil pesos. Y a eso hay que sumarle la inflación.

Otros aspectos importantes del contrato dicen que:
*El municipio debe hacer un fondo de reserva con el equivalente de tres pagos mensuales.
*El prestador contará con un seguro por huracán
*El prestador de servicios podrá subcontratar parte de los servicios

Un párrafo memorable es el que exime a la empresa de hacerse cargo de los daños a las luminarias. Textualmente, dice: “El prestador de servicios no estará obligado a reparar ni restituir las luminarias que se dañen por un tercero (accidente, vandalismo, etc) en estos casos, el municipio pagará el costo de las luminarias y el prestador de servicio las colocará sin costo”.

Los argumentos

Las razones que el alcalde Andrés Ruiz Morcillo expuso para justificar este negocio es que el Ayuntamiento tendría un ahorro de dinero.
Según el municipio, su gasto en alumbrado público ha crecido un 43 por ciento desde 2008, llegando a cinco millones de pesos mensuales, lo que es un 18 por ciento del total del gasto corriente.  

Según esos cálculos, con la nueva empresa haciéndose cargo de ese servicio público habrá un ahorro de 454 mil 106 pesos al mes, más un ahorro de  840 mil pesos, que es lo que gasta el gobierno para el mantenimiento de luminarias.


La idea es pagar parte de este contrato con los ingresos del famoso DAP (derechos por alumbrado público) que en realidad no es más que un recurso contable que nunca ingresa a las arcas municipales.    

“En estos momentos este proyecto no me parece muy viable; siento que es apresurado, el ahorro no es sustancial”, consideró el regidor David Álvarez Cervera, al votar en contra de este acuerdo.

Y hasta uno de sus defensores, el primer regidor Jorge Manuel Mezquita Garma, reconoció que “financieramente hablando no es un gran negocio para nadie”, aunque dijo que habrá una gran “rentabilidad ambiental”.

Sin embargo, entre los sueños del alcalde chetumaleño está que pudiera generarse “un ingreso adicional derivado de los tratados internacionales traducidos en la venta de bonos de carbono”.

Si el tema no incluyera tanto dinero y tantas opacidades, la frase podría ser hasta divertida.   

El caso quedará ahora en manos de la minuciosa Legislatura del estado, que ya tiene el acuerdo en sus manos.

Los diputados podrán ahora concentrarse en otra cosa que en quitarle dinero o perseguir las irregularidades de Cancún, y demostrar si realmente actúan con objetividad o bajo consigna política.
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