Los 229MDP desviados del Ayuntamiento de Cancún y el circo de los Perredistas

Julián Ricalde Magaña y Gregorio Sánchez Martínez se echan la bolita de los 229 millones de pesos. Está claro que sí hay un delito en este asunto y son los perredistas, estos dos y dos más: Latife Muza Simón y Jaime Hernández Zaragoza, quienes saben cómo sucedió el delito, pues el dinero fue desviado en 2010, en el tiempo de las campañas electorales del PRD, estos cuatro personajes tenían fuerte influencia en la toma de decisiones. El circo perredista ya está rodando y tienen como objetivo ganar tiempo y confundir a la opinión pública.

Por: Esmaragdo Camaz

No hay denuncias penales en contra de los responsables del fraude de 229 millones de pesos cometido en el Ayuntamiento de Cancún en el 2010, dinero que desapareció casualmente en el tiempo de las campañas electorales de Gregorio Sánchez Martínez y Julián Ricalde Magaña; no hay que irse con la finta del circo montado el Jueves pasado por la contralora municipal, Reyna Arceo, pues la única demanda penal que existe, es en contra de una empresa fantasma que como tal, ni siquiera existe; lo único que hay son 4 procedimientos administrativos, o sea, no hay acción penal en contra de los defraudadores.

Esos 4 procedimientos administrativos son las “investigaciones” que hace la propia Reyna Arceo en su calidad de contralora, y desde luego que la funcionaria hará lo que su jefe, Julián Ricalde, le indique. O sea, nada. Porque además, la contralora está “investigando” a las empresas “apócrifas” a través de las cuáles se habrían cometido los fraudes, lo que se traduce en una charada, pues no se puede actuar sobre una identidad que no existe.

Julián Ricalde está dándole atole con el dedo a la gente una vez más, pues en vez de denunciar penalmente a los responsables, para lo cual tendría que recurrir a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la instancia encargada de juzgar y aplicar justicia, una Institución también que el presidente municipal de Cancún no puede controlar y que si recurre a ella, su circo puede salírsele de control y terminar trasquilado él mismo.

La contralora habló de 17 ex funcionarios municipales, incluido Gregorio Sánchez Martínez, a quienes se les inició “un proceso administrativo”, o sea, que no habrá acción penal en su contra. Si el delito cometido es fraude, pues esto es muy claro, la acción de la Justicia debería ser impostergable.

Pero no, Julián no quiere mandarlos ante la Justicia.

Incluso en el caso de Gregorio Sánchez Martínez, con quien se supone tiene un pleito irreconciliable, Julián Ricalde lo está protegiendo. Una inhabilitación de un año al ex presidente municipal por no presentar su declaración patrimonial, como lo ha anunciado la contralora, es un verdadero insulto a la inteligencia del colectivo, pues eso no es castigo para quién o quiénes defraudaron el erario público con millones de pesos.

O sea que en el plan de Julián, no hay acción de la Justicia para los defraudadores.

El mismo Gregorio Sánchez Martínez hizo mutis este Domingo respecto al desfalco de los 229 millones de pesos y salió en cambio con una declaración estridente para retar a Julián Ricalde Magaña para debatir sobre estas y otras acusaciones.

Greg Sánchez sólo abona al circo de los perredistas con esas declaraciones, pues en vez de presentar –si la tiene-, la información documental que resuelva este delito, sólo lo hace más grande, pero sin castigo para nadie.

Pueden haber muchos dimes y diretes respecto a los 229 millones de pesos que fueron desviados, pero sólo tres puntos son ciertos.

1.- Hay un delito, pues el dinero no está en la arcas del Municipio y no hay Obra Pública realizada como lo dictaba el decreto del Congreso. O sea, hay responsabilidad penal. Es un robo pues.

2.- El dinero –los 229 millones de pesos-, “desaparecieron” en el inter de las campañas electorales de Gregorio Sánchez Martínez y Julián Ricalde Magaña, lo que supone una clara conexión entre ambos hechos. Y quienes estuvieron al cargo de ejercer esos recursos en todo este proceso, fueron, Latifa Muza Simón y Jaime Hernández Martínez.

3.- El mayor beneficiado de este proceso es el propio alcalde Julián Ricalde Magaña, quien hoy como todo presidente municipal en México, ya acumuló gracias a ese cargo púbico que le proporcionó el grupo perredista en el poder, una fortuna perecedera para sus próximas generaciones.

En definitiva, el dinero –los 229 millones de pesos-, fueron desviados entre todos ellos, entre la familia perredista. Y como ya fue expuesto en artículos anteriores, todos ellos lo mantuvieron en secreto, pues el beneficio era compartido para todos ellos.

Pero algo salió mal, como ya es conocido del público. Y entre la rebatinga y el descontrol, los hermanos perredistas depredaron el erario público a placer y hubo entre ellos mismos fricciones que los han llevado a una serie de acusaciones con verdades y mentiras a medias, siempre cuidándose de no salir auto inculpado.

La contralora Reyna Arceo dice que “investiga” a las empresas fantasmas y a 17 funcionarios públicos. Cierto es que las “empresas fantasmas” no se pagan solas. Debieron haber funcionarios que realizaron los procedimientos para pagar a estos “fantasmas”, funcionarios por cierto, que tampoco pudieron actuar sin el consentimiento de sus superiores.

La contralora no necesita “buscar” a los culpables, pues los conoce. Antes de que los perredistas llegaran al poder, Reyna Arceo ya sabía más que muchos cómo se manejan “estas cosas” en el Ayuntamiento. Es más, bien podría darle clases a cualquiera sobre estas artes.

Y respecto a los cuatro perredistas aquí citados, tampoco necesitan “buscar” a los culpables, pues nadie mejor que ellos saben bien cómo estuvo la “cosa”. Tampoco pueden soltar nombres a la opinión pública, como ofreció Ricalde hace más de un año, porque al hacerlo, lastima otros intereses, incluso más allá del PRD. Y en estos días previos a las elecciones, ese es un riesgo muy alto, pues sin dudar, la respuesta de sus detractores sería lapidaria, pues tienen sustento y prueba documental suficiente para hundirlo.

Ahí en ese punto están muchos de los nombres que junto con los perredistas consumaron el desfalco.

Julián Ricalde abrió la caja de pandora y sólo él debe cerrarla.

¿En qué terminará este asunto de los 229 millones de pesos? Considerando que estamos en la víspera de las elecciones municipales del 2013 y tomando en cuenta que sí existe un delito claro de fraude de la función pública, el resultado es de pronóstico reservado.