Omisos 400 funcionarios públicos de Quintana Roo; no han realizado declaración patrimonial; subsecretarios de estado entre ellos

Chetumal.- A unas horas de concluir el plazo para que los funcionarios realicen su declaración patrimonial, el contralor del Estado, Gonzalo Herrera Castilla, reveló que poco más de 400 servidores públicos no cumplen aún con esta obligación, entre ellos, subsecretarios de estado y personal de la PGJE, Seguridad Pública, Salud, Educación y otros.

En total según el último reporte de la Secretaria de la Contraloría del Estado, son cuatro mil 930 burócratas que han cumplido en hacer esta declaración de bienes y salarios, aunque se espera tener una participación del 95 por ciento de los funcionarios.

“El corte que presenta nuestro sistema es que de cuatro mil 750 funcionarios, cuatro mil 180, un 88 por ciento ya validaron sus declaraciones patrimoniales, tenemos un tres por ciento que están en proceso de validación, son 142 funcionarios y tenemos un nueve por ciento pendiente que representa 428 funcionarios, no se cumplen al 100 por ciento, por eso cada año hay casos de personas sancionadas”.

Quienes incumplan serán requeridos por la contraloría y en caso de detectar que son reincidentes, se les aplicará fuertes sanciones, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual marca que se puede inhabilitar hasta por seis meses a los que incumplan con esta declaración informativa.

Hasta el momento son directivos, jefes de departamentos y algunos subsecretarios de las distintas dependencias que han evadido este trámite obligatorio.

“Realmente nos hemos tocado en la mayoría de la casos que no presentan su declaración, son personas de la Procuraduría y de Seguridad Pública, Salud tenemos unos casos, Educación y hay de demás dependencias pero son contados, hay de subsecretarios dos casos, hay directores, jefes de departamento y demás personas de confianza que por la movilidad, desconocimiento, falta de equipo y por olvidadizos se les dificulta cumplir”.

Afirmó que en los últimos años la Secretaría de la Controlaría ha incrementado la participación de los servidores públicos en este trámite informativo que sirve para validar que el crecimiento del patrimonio vaya de acuerdo a los salarios de los funcionarios, ya que uno de los principales propósitos es evitar el enriquecimiento ilícito.