Protección: Carlos acusa a Borge de modificar leyes a modo y le interpone controversia ante SCJN

Cancún.- Carlos Joaquín acusó que “el paquete de reforma constitucional, leyes y nombramientos aprobados recientemente por el Congreso de Quintana Roo tienen como denominador común que dotan de una red de protección a Roberto Borge Angulo, actual Gobernador del Estado, y a su administración pública, a través de mecanismos como reducción de penas, plazos de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos y la designación de personas vinculadas con la actual administración en los cargos de Fiscal General, Titular del Órgano de Fiscalización y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa”, por lo que presentó este Jueves una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cancelar el “paquete de impunidad” aprobado por los legisladores locales para “combatir tanto los actos legislativos como los nombramientos a través de una acción integral”.

Aquí el comunicado de Carlos Joaquín:

El Gobernador Electo Carlos Joaquín presentó hoy una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cancelar el paquete de impunidad aprobado por el Congreso del Estado de Quintana Roo.

En el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, el Congreso aprobó en materia de reformas a la Constitución Local, reformó el Código Penal, expidió leyes y realizó nombramientos, que son contrarios al orden constitucional,  invaden las facultades del Poder Ejecutivo, crean privilegios y afectan la investigación, procuración y administración de justicia, por lo que se vulneran los principios del sistema nacional anticorrupción, afirmó Carlos Joaquín.

El Gobernador Electo destacó que el combate a la corrupción y la impunidad son uno de los ejes de su gobierno y también compromiso de campaña, indispensables para lograr un gobierno que garantice mejores oportunidades en favor de la gente.

Carlos Joaquín subrayó que las modificaciones a las leyes realizadas por el Congreso local buscan impunidad y representan la corrupción que tanto daño le ha hecho a Quintana Roo.

Asimismo, con la Controversia se pretende desmantelar la red de protección a favor del gobierno de Roberto Borge Angulo, actual Gobernador del Estado, a través de mecanismos como reducción de penas, plazos de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos y la designación de personas vinculadas con la actual administración en los cargos de Fiscal General, Titular del Órgano de Fiscalización y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que es necesario combatir tanto los actos legislativos como los nombramientos a través de una acción integral.

Además, se busca revertir los porcentajes del Presupuesto de Egresos que se fijan a favor de los Poderes Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos que afectan la capacidad del Poder Ejecutivo para cubrir las necesidades de la sociedad en educación, salud, seguridad, protección civil, desarrollo económico, entre otras.

Con la acción también se busca invalidar las disposiciones que proporcionan escoltas al gobernador y su familia hasta por 15 años.

En el mismo sentido, Carlos Joaquín señaló que de sus 10 compromisos destaca la Honestidad, que llevará a cabo con cuentas claras y auditorías conforme a la ley.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL INTERPUESTA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR CARLOS JOAQUIN GONZÁLEZ COMO GOBERNADOR ELECTO

ANTECEDENTES.

El Congreso del Estado de Quintana Roo, en el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, aprobó reformas a la Constitución Local, reformó el Código Penal, expidió leyes y realizó nombramientos, que son contrarios al orden constitucional,  invaden las facultades del Poder Ejecutivo, crean privilegios y  afectan la investigación, procuración y administración de justicia, por lo que se vulneran los principios del sistema nacional anticorrupción.

Las normas generales y actos anteriores afectan funciones esenciales del Estado:

Sujetos: 

Se otorgan prerrogativas consistentes en seguridad personal por quince años tanto para el ex gobernador y su familia y como para altos ex funcionarios de Gobierno.

Se excluyen para efectos de los delitos contenidos en el Código Penal, a los servidores públicos de los poderes Legislativo y Judicial así como a quienes ostenten cargo empleo o comisión.

Conductas: 

Se disminuye la gravedad de los delitos cometidos por servidores públicos o que afectan la hacienda, el patrimonio y el servicio públicos, por ejemplo el delito de peculado ya no será delito grave. 

Se disminuyen las sanciones privativas de libertad y pecuniarias, así el delito de peculado disminuye de 10 a 5 años.

Se establece que los delitos se persiguen por querella.

Se disminuyen los plazos de prescripción de los delitos que pueden ser motivo de investigación y en su caso de procesamiento y sanción.

Se posibilita los beneficios de libertad caucional, la conmutación de las sanciones y el perdón de la parte ofendida.

Instituciones de Procuración de Justicia:

Se crea la Fiscalía General.

Se designa al Procurador en funciones como Fiscal General por el periodo de nueve años.

Instituciones de Investigación y Fiscalización:

Derivado de las renuncias del titular del Órgano de Fiscalización y del suplente cuando aún faltaban diez meses para concluir el cargo, se designan al titular del Órgano de Fiscalización y del suplente.

Instituciones de Administración de Justicia.

Se crea el Tribunal de Justicia Administrativa (se dejó sin efectos por una contra reforma derivada de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República).

Se designan a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (se dejó sin efectos por una contra reforma derivada de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República).

Se designan Magistrado Numerario y Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia.

Presupuesto de Egresos:

Se fijan porcentajes del presupuesto de Egresos del Estado a favor del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de organismos autónomos.

El Presupuesto del Poder Legislativo se incrementa en un 62 %, esto es, se incrementa en 283´647,055 millones de pesos, dando un total de 734´572,086 millones de presupuesto para el 2017.

El paquete de reforma constitucional, leyes y nombramientos tienen como denominador común que dotan de una red de protección a Roberto Borge Angulo, actual Gobernador del Estado, y a su administración pública, a través de mecanismos como reducción de penas, plazos de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos y la designación de personas vinculadas con la actual administración en los cargos de Fiscal General,  Titular del Órgano de Fiscalización y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que es necesario combatir tanto los actos legislativos como los nombramientos a través de una acción integral.

Además los porcentajes del Presupuesto de Egresos que se fijan a favor de los Poderes Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos afectan la capacidad del Poder Ejecutivo para cubrir las necesidades de la sociedad en educación, salud, seguridad, protección civil, desarrollo económico, entre otras.

La acción legal que se ha realizado es:

Interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrita por el Gobernador Electo, argumentando, a partir de su estatus especial que le da su reconocimiento como Gobernador electo y, por tanto, con una legitimidad y mandato democrático, su interés de contar con instituciones de procuración y administración de justicia independientes y objetivas, así como leyes que sean acordes con el Sistema Nacional Anticorrupción. Dentro del plazo de los 30 días hábiles siguientes al inicio de la vigencia de la norma que se combate, esto es, a más tardar el 18 de agosto. 

 ¿Qué se pretende lograr?

La invalidez de la reforma constitucional, de las reformas al Código Penal y a la Ley de Seguridad Pública, así como de la Ley de la Fiscalía General. Y en vía de consecuencia, la invalidez de los nombramientos realizados.

Cabe señalar que no es materia de esta controversia constitucional la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y la designación de Magistrados porque ello ya se encuentra impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Procuraduría General de Justicia.

Pero además, la invalidez de la reforma constitucional lograría revertir la asignación de porcentajes del presupuesto a los poderes judicial y legislativo, así como a los órganos constitucionales autónomos, con lo que el Ejecutivo recuperaría su margen de actuación presupuestal.

¿Por qué la controversia suscrita por el Gobernador Electo? 

Es la persona que cuenta con el interés para accionar ante la Suprema Corte, derivada de su especial calidad que le da la representación obtenida en la contienda electoral, en la que los electores optaron por la propuesta de combatir la impunidad y corrupción en la entidad. 

Es un caso que no tiene precedentes, sin embargo, el Gobernador Electo con la representatividad obtenida en las urnas, cuenta con un interés especial para plantear el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.