¿Protección al borgismo?: Congreso-QR sin voluntad de enjuiciar gobierno saliente, acusa activista

Por: Esmaragdo Camaz

El Congreso de Quintana Roo y su líder, Eduardo Martínez Arcila, no tienen voluntad para combatir la corrupción y se niegan a realizar juicio político en contra de la administración Borge, eso es lo que dice Fabiola Cortés, la presidenta de la asociación “Somos Tus Ojos”. La mujer que lleva la delantera en las denuncias en contra el ex mandatario quintanarroense.

Como se ha informado con oportunidad, la abogada interpuso en Septiembre del año pasado ante la XIV Legislatura una solicitud de juicio político en contra del ex gobernador Roberto Borge justo horas después de que éste dejara el cargo.

La querella de la activista es por el asunto del remate de los lotes de la reserva territorial del estado y por la abultada deuda que dejó la pasada administración. En ese sentido también pidió juicio político en contra de algunos funcionarios borgistas, entre ellos Juan Pablo Guillermo Molina, el ex financiero del entonces mandatario.

Hoy Fabiola Cortés informó que la actual XV Legislatura, bajo el liderazgo del panista Eduardo Martínez Arcila, “pidió a un juez federal confirmar el desechamiento del juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, ex Tesorero de Roberto Borge Angulo, interpuesto por el desvío de 1,464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje”.

¿Qué significa esto?

Eso quiere decir que el Congreso de Quintana Roo –eminentemente panrredista-, aprovechó las dudas que llevaron al Juez de la causa a desechar la petición de Fabiola. La actual Legislatura en vez de refutar al juzgador y aportarle pruebas para llevar al ex financiero de Borge a juicio político, se hizo a un lado y de esa manera “sin querer queriendo” le tendió un manto protector a la administración borgista.

Fabiola Cortés plantea que existe un doble discurso y que prevalece la falta de voluntad de combatir la corrupción y la impunidad de parte del líder del Congreso, Eduardo Martínez Arcila. La abogada lo expone así:

Somos Tus Ojos lamenta la falta de voluntad de combatir la corrupción y la impunidad, así como el doble discurso de los integrantes del Poder Legislativo, como el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, el panista Eduardo Martínez Arcila, que por una parte insiste en que el órgano legislativo promoverá demandas de juicio político en contra de ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, y por la otra, la Legislatura pretende desechar el juicio político interpuesto en contra del ex secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina.

Esta “desatención” del Congreso de Quintana Roo en promover los juicios contra los ex funcionarios del Borgismo deja muy mal parada a la administración joaquinista. El gobernador insiste en que ha de llevar a Roberto Borge ante la Justicia, pero sus aliados en el Congreso van en sentido opuesto.

No sobra recalcar la trascendencia de esta información considerando que el Congreso está dominado por el PAN y el PRD, los partidos que siendo oposición combatieron el borgismo y que hoy dan la impresión de protegerlo. También importante destacar que estos mismos partidos son los que llevaron a Carlos Joaquín al poder.

No menos importante es decir que el líder del Congreso, Eduardo Martínez Arcila, era el líder del PAN en la campaña de Carlos Joaquín y que como resultado del triunfo electoral el hoy diputado fue premiado con la dirigencia de la Gran Comisión, organismo desde el cual se supone sería el principal aliado del gobernador en su empresa de llevar a Roberto Borge ante la Justicia, tal como el propio mandatario lo prometió en su campaña.

En respuesta a la información revelada por Fabiola Cortés -y sin mencionar el nombre de la abogada-, el Congreso de Quintana Roo emitió un boletín de prensa para señalar que la interpretación difundida hoy no es precisa.

Sin embargo la actual XV Legislatura reconoce que “no puede presentar nuevos argumentos ni avalar o rechazar, ante el juzgador, los que se emplearon en la Legislatura pasada”.

¿No se supone que esta XV Legislatura ya tiene listo una investigación y pruebas en contra de ex funcionarios de la administración Borgista? ¿Por qué no presentárselos a Juez?

A decir verdad este asunto causa confusión hacia el interior y el exterior del gobierno joaquinista. Como que las señales no son claras. El boletín del Congreso no aclara, más bien confunde.

Para que el lector tenga más y mejores elementos de juicio, aquí dejo los textos íntegros que las dos partes en cuestión:

LEGISLATURA PIDE A JUEZ DESECHAR JUICIO POLÍTICO CONTRA EX TESORERO DE ROBERTO BORGE

CANCÚN, MX, 22/01/2017 .- La actual Legislatura del Congreso de Quintana Roo pidió a un juez federal confirmar el desechamiento del juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, ex Tesorero de Roberto Borge Angulo, interpuesto por el desvío de 1,464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje.

El 25 de abril de 2016, “Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo”, interpuso una demanda de juicio político en contra del entonces Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvió de 1,464 millones de pesos provenientes del Impuesto al Hospedaje, aportando 17 pruebas documentales.

El 29 de agosto la XIV Legislatura notificó su resolución, determinando desechar la demanda de juicio político, por lo que Somos Tus Ojos interpuso un amparo, el cual quedó registrado bajo el expediente 725/2016 mismo que se encuentra en trámite ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal.

Como parte del procedimiento, correspondió a la XV Legislatura rendir ante el Juez federal su informe justificado, lo cual hizo Lizandro Landeros Lima, director de apoyo Jurídico del Poder Legislativo del estado de Quintana Roo, quien reiteró el criterio de la legislatura borgista, en el sentido de desechar del juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, aduciendo que no se cumplía con un requisito de procedibilidad:

“(…) no asiste la razón a la parte quejosa, ya que los actos de mi representada no violentan derecho alguno de ésta, en virtud a que en particular la Comisión de Justicia de la H. XIV Legislatura de Estado, únicamente cumplió con sus obligaciones y en apego a sus facultades (…) determinó de manera previa el desechamiento de la denuncia de juicio político en contra del C. Juan Pablo Guillermo Molina, atendiendo a que tal y como consta en el dictamen de fecha 10 de junio de 2016, en su punto marcado como primero, consideró que no se satisface el requisito de procedencia que exige el artículo 14 en relación con el artículo 6, fracciones XI y XIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo, siendo evidente que el acto de la autoridad es fundado y motivado”.

El Director de apoyo Jurídico del Poder Legislativo de Quintana Roo insistió en que “(…) el dictamen de fecha 10 de junio de 2016, emitido por la Comisión de Justicia de la H. XIV Legislatura del Congreso del Estado, se realizó en apego a sus facultades y en el marco de su competencia”.

El referido amparo fue interpuesto por Somos tus Ojos fundado en el hecho de que el dictamen de la Comisión de Justicia de la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo no se limitó a pronunciarse sobre si la denuncia cumplía con los requisitos de procedibilidad, como lo establece la ley relativa, sino que invadió las funciones que corresponden a la Comisión Instructora, que es la encargada “de  estudiar,  analizar  y  determinar la procedencia  de  la  denuncia en cuanto al fondo del asunto planteado”. Es decir, la Comisión de Justicia solo debía revisar si la denuncia reunía los requisitos de procedimiento, pero no entrar al fondo del asunto, siendo que para desechar la demanda, “analizó” los documentos presentados por Somos Tus Ojos, lo que en estricto sentido le corresponde a la Comisión Instructora.

Como parte del procedimiento, el Juez federal solicitó a la actual Legislatura y a la Secretaría de Finanzas, a cargo de Juan Vergara, proporcionar el domicilio de Juan Pablo Guillermo Molina para que fuera llamado como tercero interesado en el juicio de amparo, negando estas instancias conocer el domicilio del ex Secretario de Finanzas de Roberto Borge, por lo que el Juez ordenó girar oficio a todas las dependencias estatales y federales a fin de que pudiera ser notificado, lográndose así ubicar sus diversos domicilios, por lo que una vez que sea notificado, se tiene previsto que en febrero próximo se realice la audiencia constitucional.

Congreso, sin voluntad para combatir la corrupción

Somos Tus Ojos lamenta la falta de voluntad de combatir la corrupción y la impunidad, así como el doble discurso de los integrantes del Poder Legislativo, como el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, el panista Eduardo Martínez Arcila, que por una parte insiste en que el órgano legislativo promoverá demandas de juicio político en contra de ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, y por la otra, la Legislatura pretende desechar el juicio político interpuesto en contra del ex secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina.

Como se recordará, el pasado 27 de diciembre Martínez Arcila aseguró, en conferencia de prensa, que interpondrían demandas de juicio político en contra el ex gobernador Roberto Borge y sus funcionarios, con el objetivo de inhabilitarlos.

“Aquí hay que ser muy claros, ningún secretario firma, transfiere recursos, asigna presupuestos, quita recursos, autoriza obras, si no tienen el consentimiento del titular del Ejecutivo estatal, que en este caso era el gobernador Roberto Borge”. (…) “No hay venganza, sólo hay que hacer justicia. El juicio político depende de las denuncias que se presenten. Yo les puedo decir que por lo que vemos van a venir denuncias de juicio político. Los diputados como tal no pueden presentarla, tendría que ser en su calidad de ciudadano”, afirmó el diputado panista.

Asunto: TARJETA INFORMATIVA - PROCESO JUICIO POLÍTICO EX SERVIDOR PÚBLICO 23 ENERO 2017

23  de enero de 2017

Tarjeta informativa sobre la información relacionada al proceso de juicio político que se llevó a cabo en la pasada legislatura en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo.

1.- Este juicio político se presentó durante la XIV Legislatura; le dieron trámite y el 10 de junio de 2016 la Comisión de Justicia de ese entonces desechó la denuncia presentada por la c. Fabiola Cortés Miranda, en representación de la Asociación “Somos tus ojos por la transparencia Quintana Roo”.

2. -El 11 de noviembre de 2016 un juez le ordena (dentro del amparo indirecto 725/2016, ante el juzgado sexto de distrito) a esta XV Legislatura, rendir un informe sobre el procedimiento que se realizó en la legislatura pasada y hacer públicos los argumentos con los que se rechazó avanzar en el juicio político en contra del ex funcionario, por ello se presenta el informe y se exhiben los argumentos con los que la Comisión de Justicia de la pasada Legislatura determinó no proceder contra el ex funcionario.

3.- Esta Legislatura le entrega al juzgador un reporte con los pormenores del caso y los argumentos que en su momento se presentaron para desechar la demanda de juicio político. La presente Legislatura no puede presentar nuevos argumentos ni avalar o rechazar, ante el juzgador, los que se emplearon en la Legislatura pasada. Esta XV Legislatura del Estado se avocó exclusivamente a referir lo actuado por aquella Comisión de Justicia de la XIV Legislatura del Estado, constriñéndose a describir lo actuado por el órgano colegiado e informando los actos llevados a cabo. Lo anterior se hizo en total cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente a la fecha.

4.- Las interpretaciones que se le dan a la respuesta legal que hace la XV Legislatura no son precisas. Con la rendición del informe solicitado por el juzgador, el Congreso de Quintana Roo cumple con hacerlo público, pero no interviene en ninguna medida ni en ningún momento, sobre los argumentos con los que se determinó en la Legislatura pasada rechazar el juicio político.

5. El Congreso del Estado no avala automáticamente los argumentos presentados en la pasada legislatura. Lo único que se está haciendo es que, de acuerdo con la Ley de Amparo, se está entregando un reporte pormenorizado.

6. Cabe señalar que la responsabilidad legal de un servidor público no concluye con el fin de su encargo o encomienda. La ley contempla que puede ser sujeto de responsabilidades en su comisión hasta un año después de haber dejado su puesto.