Tren Maya Estancado: Piden frenar “decretazo presidencial” para trabajar sin permisos ambientales
Por:
Expediente Quintana Roo
Publicado:
Cancún.- Argumentando su ilegalidad, el Centro para la Biodiversidad Biológica y Greenpeace México presentaron demanda de amparo cuestionando la autorización provisional emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
En un comunicado, Greenpeace precisa que con este proceso “exigen detener la autorización provisional del Decretazo con la que se ejecuta el tramo 5 del Tren Maya”.
De acuerdo con la información que se proporcionó, la autorización viola el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales ya que las obras iniciaron negando el acceso a la información y la participación pública.
Asimismo, advirtieron que las obras del tramo 5 podrían ser suspendidas de proceder la demanda.
Las Organizaciones ambientalistas presentaron la demanda de amparo contra el tramo 5 del Tren Maya, que tiene lugar en una de las selvas con mayor biodiversidad de México.
Este controvertido tren turístico, uno de los proyectos de infraestructura emblemáticos del presidente López Obrador, conectará destinos vacacionales en la península de Yucatán.
El amparo impugna el hecho de que el Gobierno no llevó a cabo la evaluación de impacto ambiental correspondiente antes de aprobar la quinta y más controvertida sección del tren.
El 22 de noviembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que exenta los requisitos de permisos para varios de los proyectos de infraestructura prioritarios del Gobierno al catalogarlos de seguridad nacional, incluido el Tren Maya.
La demanda de amparo presentada el martes 26 de abril cuestiona la exención y la sección más riesgosa del tren que conecta Playa del Carmen con Tulum, a través de 121 kilómetros de hábitat clave para especies amenazadas como el pez ciego, felinos y monos, así como cuevas y flujos subterráneos de agua.
“Esta construcción del tren maya ya está dañando el hábitat de jaguares, ocelotes, monos araña y muchos otros animales en peligro”, dijo Alejandro Olivera, representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica.
“El presidente López Obrador debe detener la construcción hasta que las dependencias realmente cumplan con la ley y evalúen la amenaza del tren para esta hermosa selva biodiversa”.
Se indicó que la demanda de amparo interpuesta por Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica ante el segundo juzgado de distrito de Quintana Roo, cuestiona la autorización provisional emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Incluso, como los planes iniciales de la ruta del tren cambiaron y ahora el tren atravesará sobre cuevas submarinas y está deforestando kilómetros de selva, se cuestiona la ilegalidad de la ejecución realizada por el Fonatur Tren Maya.
Por otro lado, el amparo hace referencia a la violación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú.
Lo anterior, dado que el Gobierno Federal inició las obras, negando el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, como el cambio en la ubicación del trazo.
“A través de esta demanda de amparo llamamos a las autoridades a cumplir y hacer cumplir el marco constitucional. Con el Acuerdo presidencial, que da paso a las autorizaciones provisionales sin previa evaluación de impactos ambientales, se están violando los derechos a la información ambiental, a la participación pública en esa misma materia, el derecho a un desarrollo sustentable, el derecho a la legalidad, a la par que deja sin efecto los principios de prevención, precaución”, declaró Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México.
“Las autoridades no han respetado la ubicación del trazo en vías de comunicación preexistentes como se había prometido. La deforestación y demás actividades que se han realizado hasta este día son completamente ilegales y ninguna promesa de mitigación o reparación a posteriori pueden servir de aval a un trazo que no se encuentra autorizado, con el cual se comprometen incluso los compromisos climáticos de nuestro país”, concluyó Lara.
El Centro para la Diversidad Biológica es una organización conservacionista nacional sin fines de lucro con más de 1,7 millones de miembros y activistas en línea dedicados a la protección de especies en peligro de extinción y lugares salvajes.
Greenpeace México es una organización ambientalista, política y económicamente independiente, que busca incidir en las políticas públicas, prácticas corporativas y cambio de hábitos, para enfrentar las amenazas del cambio climático y detener la pérdida de biodiversidad.
A través de campañas públicas busca incentivar la participación de la gente en la protección del medio ambiente en México.
Cancún.- Argumentando su ilegalidad, el Centro para la Biodiversidad Biológica y Greenpeace México presentaron demanda de amparo cuestionando la autorización provisional emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
En un comunicado, Greenpeace precisa que con este proceso “exigen detener la autorización provisional del Decretazo con la que se ejecuta el tramo 5 del Tren Maya”.
De acuerdo con la información que se proporcionó, la autorización viola el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales ya que las obras iniciaron negando el acceso a la información y la participación pública.
Asimismo, advirtieron que las obras del tramo 5 podrían ser suspendidas de proceder la demanda.
Las Organizaciones ambientalistas presentaron la demanda de amparo contra el tramo 5 del Tren Maya, que tiene lugar en una de las selvas con mayor biodiversidad de México.
Este controvertido tren turístico, uno de los proyectos de infraestructura emblemáticos del presidente López Obrador, conectará destinos vacacionales en la península de Yucatán.
El amparo impugna el hecho de que el Gobierno no llevó a cabo la evaluación de impacto ambiental correspondiente antes de aprobar la quinta y más controvertida sección del tren.
El 22 de noviembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que exenta los requisitos de permisos para varios de los proyectos de infraestructura prioritarios del Gobierno al catalogarlos de seguridad nacional, incluido el Tren Maya.
La demanda de amparo presentada el martes 26 de abril cuestiona la exención y la sección más riesgosa del tren que conecta Playa del Carmen con Tulum, a través de 121 kilómetros de hábitat clave para especies amenazadas como el pez ciego, felinos y monos, así como cuevas y flujos subterráneos de agua.
“Esta construcción del tren maya ya está dañando el hábitat de jaguares, ocelotes, monos araña y muchos otros animales en peligro”, dijo Alejandro Olivera, representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica.
“El presidente López Obrador debe detener la construcción hasta que las dependencias realmente cumplan con la ley y evalúen la amenaza del tren para esta hermosa selva biodiversa”.
Se indicó que la demanda de amparo interpuesta por Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica ante el segundo juzgado de distrito de Quintana Roo, cuestiona la autorización provisional emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Incluso, como los planes iniciales de la ruta del tren cambiaron y ahora el tren atravesará sobre cuevas submarinas y está deforestando kilómetros de selva, se cuestiona la ilegalidad de la ejecución realizada por el Fonatur Tren Maya.
Por otro lado, el amparo hace referencia a la violación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú.
Lo anterior, dado que el Gobierno Federal inició las obras, negando el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, como el cambio en la ubicación del trazo.
“A través de esta demanda de amparo llamamos a las autoridades a cumplir y hacer cumplir el marco constitucional. Con el Acuerdo presidencial, que da paso a las autorizaciones provisionales sin previa evaluación de impactos ambientales, se están violando los derechos a la información ambiental, a la participación pública en esa misma materia, el derecho a un desarrollo sustentable, el derecho a la legalidad, a la par que deja sin efecto los principios de prevención, precaución”, declaró Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México.
“Las autoridades no han respetado la ubicación del trazo en vías de comunicación preexistentes como se había prometido. La deforestación y demás actividades que se han realizado hasta este día son completamente ilegales y ninguna promesa de mitigación o reparación a posteriori pueden servir de aval a un trazo que no se encuentra autorizado, con el cual se comprometen incluso los compromisos climáticos de nuestro país”, concluyó Lara.
El Centro para la Diversidad Biológica es una organización conservacionista nacional sin fines de lucro con más de 1,7 millones de miembros y activistas en línea dedicados a la protección de especies en peligro de extinción y lugares salvajes.
Greenpeace México es una organización ambientalista, política y económicamente independiente, que busca incidir en las políticas públicas, prácticas corporativas y cambio de hábitos, para enfrentar las amenazas del cambio climático y detener la pérdida de biodiversidad.
A través de campañas públicas busca incentivar la participación de la gente en la protección del medio ambiente en México.
(Infoqroo)
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