Corrupción y abandono en el INPI Quintana Roo: el clamor del Gran Consejo Maya
Los señalamientos apuntan también a Guillermo de Jesús May Correa, encargado de Atención a Pueblos Indígenas y Afromexicanos a nivel nacional en el INPI
Chetumal.- En el corazón de Chetumal, donde las voces de las comunidades indígenas resuenan con fuerza, una tormenta de indignación sacude al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Quintana Roo. El Gran Consejo Maya, junto a mujeres artesanas de la zona, ha levantado una acusación contundente: la delegada del INPI, Venancia Coh Chuc, encabezaría una red de corrupción que desvía recursos públicos y traiciona la confianza de los pueblos originarios. Las denuncias no son vagas; señalan un esquema deliberado que favorece a allegados de la funcionaria mientras deja en el abandono a quienes más necesitan apoyo.
El INPI, creado para impulsar el desarrollo y bienestar de las comunidades indígenas, parece estar lejos de cumplir su misión en Quintana Roo, según los denunciantes. Proyectos millonarios, destinados a fortalecer la economía y la cultura de los pueblos mayas, habrían sido manipulados para beneficiar a líderes y grupos cercanos a Coh Chuc. Las mujeres bordadoras, un sector históricamente marginado, aseguran que los fondos prometidos para sus iniciativas se desvanecen en un laberinto de opacidad. “Nos piden proyectos, trabajamos meses en ellos, y luego nos dicen que no cumplen, sin explicación alguna”, relata una artesana de Felipe Carrillo Puerto, cuya frustración refleja el sentir de muchas.
La gravedad de las acusaciones no termina ahí. Los señalamientos apuntan también a Guillermo de Jesús May Correa, encargado de Atención a Pueblos Indígenas y Afromexicanos a nivel nacional en el INPI. Según el Gran Consejo Maya, ambos funcionarios habrían actuado en complicidad para rechazar proyectos legítimos de manera arbitraria, además de incurrir en maltratos hacia representantes indígenas que buscan respuestas. “Nos tratan con desprecio, como si no tuviéramos derecho a preguntar dónde está el dinero que es para nuestras comunidades”, denuncia un integrante del Consejo.
El contexto agrava la situación. Quintana Roo alberga una de las poblaciones mayas más significativas del país, con comunidades que enfrentan retos estructurales como pobreza, falta de acceso a servicios básicos y discriminación. Los programas del INPI, como el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI), están diseñados para contrarrestar estas desigualdades, financiando iniciativas de turismo comunitario, agricultura y artesanías. Sin embargo, los denunciantes aseguran que los recursos no llegan a su destino. Un ejemplo recurrente es el de proyectos turísticos comunitarios, como los impulsados en años pasados en comunidades como Ramonal y Sabidos, que, aunque celebrados en su momento, no han generado los beneficios prometidos para las comunidades.
La falta de transparencia en el manejo de los fondos es un punto crítico. En un país donde la rendición de cuentas sigue siendo un desafío, las acusaciones contra el INPI en Quintana Roo no son un caso aislado, pero sí particularmente doloroso por el impacto directo en comunidades vulnerables. La ausencia de auditorías públicas y claras sobre el destino de los recursos millonarios alimenta las sospechas de desvíos. “Si los proyectos son aprobados, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están las mejoras que nos prometieron?”, cuestiona una lideresa maya.
El trasfondo de estas acusaciones también invita a reflexionar sobre el papel de las instituciones en la defensa de los derechos indígenas. El INPI, bajo el liderazgo de Venancia Coh Chuc en Quintana Roo, ha sido señalado en el pasado por su involucramiento en iniciativas culturales y de desarrollo, como la preservación de la música Maya Pax o la revitalización de la lengua maya. Sin embargo, estas acciones, aunque loables en teoría, parecen desdibujarse ante las denuncias de favoritismo y exclusión. La pregunta inevitable es: ¿cómo puede una institución promover la cultura y el bienestar de los pueblos indígenas si sus propios líderes son acusados de traicionar esos ideales?
La respuesta no es sencilla, pero el Gran Consejo Maya y las artesanas no están dispuestas a quedarse calladas. Su exigencia es clara: una investigación exhaustiva sobre el manejo de los recursos del INPI en Quintana Roo, así como la destitución de los funcionarios señalados si se comprueban las irregularidades. La lucha no es solo por los fondos desviados, sino por la dignidad de comunidades que han sido históricamente ignoradas.
Mientras tanto, el silencio oficial desde el INPI y las autoridades federales solo aviva la desconfianza. En un estado donde el turismo y el desarrollo económico contrastan con las carencias de las zonas indígenas, el caso de Venancia Coh Chuc y las acusaciones de corrupción no son solo un escándalo administrativo: son un recordatorio de que la justicia y la equidad siguen siendo deudas pendientes con los pueblos originarios de México.
Con información de: Quadratín