Seguridad en Quintana Roo: ¿Participación ciudadana o promesas sin sustento?
Tobin destacó que nueve de los 11 municipios ya cuentan con mesas de seguridad operativas
Cancún.- En un estado donde la inseguridad sigue siendo una herida abierta, James Tobin Cunningham, coordinador estatal de la Mesa de Seguridad Ciudadana, insiste en que la clave para avanzar está en la participación comunitaria. Sin embargo, sus declaraciones, pronunciadas en el marco de un esfuerzo por consolidar mesas de seguridad en los 11 municipios de Quintana Roo, revelan tanto avances como obstáculos que invitan a un análisis más profundo: ¿es realmente la ciudadanía la que debe cargar con el peso de la seguridad, o son las autoridades las que fallan en su responsabilidad primaria?
Tobin destacó que nueve de los 11 municipios ya cuentan con mesas de seguridad operativas, pero en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos el proceso está estancado. En el primero, dos intentos fallidos reflejan no solo la complejidad de la zona, sino también un miedo palpable entre los habitantes. “Hay avances, como la base estatal de Seguridad Pública, pero sin el respaldo de las autoridades municipales, la voluntad ciudadana no basta”, afirmó. Sus palabras apuntan a una verdad incómoda: la coordinación entre gobierno y sociedad sigue siendo un talón de Aquiles, especialmente en regiones marcadas por la desconfianza y el abandono institucional.
El coordinador no escatimó en críticas hacia ciertos ciudadanos que, según él, solo buscan “la foto” sin contribuir activamente. Pero esta acusación merece un escrutinio: ¿cómo se espera que la gente se involucre en un contexto donde la impunidad reina? Tobin mismo lo reconoce: “No basta con que la gente denuncie si el agresor entra a proceso y en una semana ya está libre”. En 2017, Quintana Roo registraba más de 600 casos activos de ciertos delitos; hoy, la cifra se ha reducido a unos 300, según datos oficiales citados por el coordinador. Aunque el descenso es notable, la percepción de inseguridad no parece alinearse con las estadísticas, lo que sugiere que los números, por sí solos, no cuentan toda la historia.
Entre los proyectos destacados, Tobin mencionó iniciativas apoyadas por USAID, como la plataforma de denuncia digital de la Fiscalía, que permite un seguimiento en línea de los casos, o el programa “Haciendo Barrio”, enfocado en niños y jóvenes para detectar problemas en escuelas y comunidades. También resaltó un centro de atención telefónica contra la trata de personas. Estos esfuerzos, aunque loables, plantean preguntas sobre su alcance y efectividad real. ¿Son suficientes para enfrentar problemas estructurales como la corrupción, la falta de recursos en el sistema judicial o la influencia del crimen organizado en ciertas zonas?
Felipe Carrillo Puerto, en particular, emerge como un caso paradigmático. Tobin describió un entorno de “vicios, oportunidades limitadas y desconfianza generalizada”, agravado por el impacto de proyectos como el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, que han traído población flotante y tensiones sociales. Aquí, el discurso de “construir de la mano con las comunidades” suena sensato, pero también utópico cuando no se detalla cómo superar las barreras de miedo y apatía que él mismo reconoce.
El llamado de Tobin a una seguridad “real y sostenible” es un eco de buenas intenciones que resuena desde hace años en Quintana Roo. Sin embargo, la ciudadanía no puede ser la única en cargar con la responsabilidad de un sistema que, por diseño, depende de instituciones sólidas y confiables. Mientras la impunidad persista y las autoridades municipales no asuman un rol protagónico, las mesas de seguridad corren el riesgo de convertirse en otro ejercicio de voluntarismo bienintencionado, pero insuficiente. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo se pedirá a los ciudadanos que compensen las fallas de quienes deben garantizar su protección?
Con información de: InZoom.mx