Violaron ley ambiental para el torneo de voleibol en Playa del Carmen, evento promovido por el "Embajador Deportivo" Eduardo Nájera, pareja de la alcaldesa Estefanía Mercado
Se instaló sin permisos 14 geotubos en la costa de playa Fundadores, una zona crítica por su erosión impredecible.
Playa del Carmen.— En un nuevo capítulo de impacto al medio ambiente, Playa del Carmen, fue escenario de una grave irregularidad ecológica durante el Tour Mundial de Voleibol de Playa, celebrado del 26 al 30 de marzo de 2025, evento con la participación de figuras públicas en la promoción del torneo, como el ex basquetbolista Eduardo Nájera, pareja de la alcaldesa Estefanía Mercado. La empresa ProEventos Producciones Deportivas, contratada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) bajo la dirección de Rommel Pacheco, instaló sin permisos 14 geotubos en la costa de playa Fundadores, una zona crítica por su erosión impredecible. Esta acción, que violó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), desató críticas de ambientalistas y expuso fallas en la supervisión de autoridades federales, estatales y municipales.
El torneo y las irregularidades
El evento, que reunió a 24 equipos internacionales, fue ampliamente promocionado por autoridades locales y el propio Pacheco, en un acto inaugural en la Ciudad de México en febrero de 2025. Sin embargo, la organización a cargo de ProEventos, una empresa con sede en Guadalajara y vinculada a eventos como la Copa del Mundo de Clavados, ignoró los requisitos legales para intervenir el ecosistema costero. La LGEEPA establece que cualquier obra en litorales, como la colocación de geotubos, debe contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un proceso que requiere al menos 60 días. ProEventos no presentó dicho estudio ni obtuvo la autorización correspondiente.
Los geotubos, estructuras temporales diseñadas para contener arena y mitigar la erosión, fueron colocados directamente sobre la playa, alterando el delicado equilibrio del litoral. Ambientalistas, liderados por el movimiento Moce Yax Cuxtal, denunciaron públicamente la afectación al ecosistema desde el inicio del torneo. Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no actuó hasta el 3 de abril, cuatro días después de concluido el evento, cuando clausuró las estructuras. Esta respuesta tardía permitió que el torneo se desarrollara sin contratiempos, mientras el daño ambiental ya estaba consumado.
Responsabilidades diluidas
El Ayuntamiento de Playa del Carmen, presidido por Estefanía Mercado, se deslindó vía Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) con el argumento de que la colocación de los geotubos fue un "acto federal" a cargo de ProEventos y la Conade. Esta declaración contrasta con el rol de Zofemat como vigilante de la costa local, lo que sugiere una omisión en sus funciones de monitoreo. A nivel federal, la Profepa no ha precisado el monto de las sanciones ni los responsables, según consultas realizadas por Proceso. La opacidad en la respuesta oficial refuerza la percepción de impunidad.
La Conade, encabezada por Rommel Pacheco, también enfrenta cuestionamientos. La dependencia no solo avaló la contratación de ProEventos, sino que promovió activamente el evento, ignorando las señales de alerta sobre la falta de permisos. Este no es el primer señalamiento contra la Conade bajo la gestión de Pacheco: recientemente, la dependencia ha sido criticada por prácticas como el acarreo para crear una nueva federación de clavados, la discriminación en su política deportiva y el incumplimiento de pagos a entrenadores, como el caso de Iván Bautista, resuelto por orden judicial.
Impacto ambiental y críticas
El uso de geotubos en zonas costeras es controversial. Aunque pueden recuperar arena en tramos específicos, expertos advierten que desplazan la erosión hacia áreas adyacentes, agravando el problema a largo plazo. En Playa del Carmen, donde la erosión es un desafío estructural, la instalación de estas estructuras sin un estudio técnico previo representa un riesgo significativo para el ecosistema. Grupos como Moce Yax Cuxtal han exigido su prohibición total, argumentando que benefician a intereses privados —como hoteles con frentes concesionados— a expensas del litoral público.
La clausura tardía de los geotubos, que ya fueron retirados, no mitiga el impacto. Hasta la fecha, ni Profepa ni Semarnat han publicado un informe sobre las consecuencias ecológicas, lo que limita la capacidad de evaluar el daño real. Esta falta de transparencia alimenta la desconfianza de la sociedad civil, que percibe una desconexión entre las prioridades gubernamentales y la protección ambiental.
Un patrón de opacidad
El caso de Playa del Carmen no es aislado. ProEventos, cuyo socio principal es Enrique Aranda, ha organizado eventos deportivos de alto perfil, como la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara, sin enfrentar consecuencias significativas por irregularidades. La participación de figuras públicas, como el ex basquetbolista Eduardo Nájera, pareja de la alcaldesa Estefanía Mercado, en la promoción del torneo, añade un matiz político al escándalo. Incluso la pareja de la presidenta municipal fue nombrado “Embajador Deportivo” de Playa del Carmen. La relación entre actores gubernamentales y privados plantea preguntas sobre posibles conflictos de interés y la laxitud en la aplicación de la ley.
El manejo de los recursos costeros en Quintana Roo refleja una tensión más amplia: el impulso al turismo y los eventos internacionales choca con la fragilidad de los ecosistemas. Mientras hoteles y empresas obtienen permisos para intervenciones parciales, como el relleno de playas, las soluciones integrales —como las propuestas por Moce Yax Cuxtal— son relegadas. Este enfoque fragmentado perpetúa la degradación del litoral, un recurso clave para la economía y la identidad de la región.
Conclusión: La necesidad de rendición de cuentas
El episodio de los geotubos en Playa del Carmen no es solo un caso de incumplimiento ambiental, sino un reflejo de fallas sistémicas en la gestión de los recursos naturales. La ausencia de permisos, la respuesta tardía de las autoridades y la falta de sanciones claras evidencian una preocupante permisividad hacia prácticas que comprometen el medio ambiente. La Conade, Profepa y el gobierno municipal deben rendir cuentas por su papel en este fiasco, mientras que ProEventos debe enfrentar consecuencias proporcionales al daño causado.
Para avanzar, es urgente que las autoridades prioricen la transparencia, fortalezcan los mecanismos de supervisión y adopten un enfoque integral para la protección costera. De lo contrario, eventos como el Tour Mundial de Voleibol de Playa seguirán dejando un legado de erosión, no solo en la costa, sino en la confianza pública.
